Noches asfixiantes en zonas donde nunca lo habían sido, vientos extremadamente cálidos, intenso olor a humo, tensión en el ambiente mientras los vecinos tratan de organizarse para evitar que el fuego devore sus hogares. En el mejor de los casos, los bomberos ya están por la zona y se oyen aviones anfibios y helicópteros sobrevolando; en otros, hasta las medidas para apagar el fuego llegan más tarde de lo que sería deseable.
Esta escena se está repitiendo en multitud de municipios este verano. Los datos de la superficie quemada ya otorgan a 2022 el triste récord de ser el año en el que más hectáreas de bosque se han quemado en los últimos 30 años. A 31 de julio superamos las 200.000 hectáreas, una extensión mayor que la provincia de Guipúzcoa. Esta pérdida de masa forestal supone un aumento directo de las emisiones de CO2, ya que el fuego libera el carbono almacenado en plantas y suelos, perder biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los que nos provee el bosque, que van desde la obtención de madera o setas hasta la recuperación del agua y el suelo o la obtención de aire para respirar. Eso sin contar lo más importante: los dramas personales, que incluyen la muerte de personas y los daños materiales, además de la pérdida de esperanza de quienes viven en las zonas rurales y llevan décadas advirtiendo de lo que iba a pasar, la población de la España que han vaciado muchos años de políticas enfocadas en lo urbano.
