Nuestra cultura ha entronizado un principio que me parece letal: “Todas las opiniones son respetables”. Es una solemne estupidez. Las personas son respetables, pero las opiniones deben ganarse el respeto a través de las pruebas, de las razones, de la veracidad o de su utilidad» (Marina, 2004, p. 112).

Lamentablemente, nos hemos habituado a caminar sobre un suelo de vidrio, temerosos de que el sonido de una contradicción quiebre la frágil paz de la convivencia posmoderna. Existe un virus silencioso, una suerte de patología de la inteligencia, que se ha infiltrado en nuestras aulas, en nuestras tertulias y en el núcleo mismo de nuestra vida política. Se trata de la creencia de que todas las opiniones, por el solo hecho de ser enunciadas, gozan de una aureola de respetabilidad sagrada. Esta idea, bajo un disfraz de tolerancia parece proteger la democracia, pero, en realidad, es su mayor enemigo. Cuando afirmamos que todas las opiniones valen lo mismo, estamos decretando, en la práctica, que todas valen nada.
¿Desde cuándo el derecho a tener una creencia otorga a dicha creencia una inmunidad diplomática frente a la verdad? Es fundamental que nos detengamos a diseccionar esta confusión terminológica que hoy parece la norma. La libertad de expresión y la libertad de culto son derechos inalienables que protegen a los individuos, es decir, al sujeto de derecho, pero jamás al contenido semántico de lo que ese sujeto expresa. Un ciudadano tiene el derecho legal de afirmar que la Tierra es plana o que el odio al diferente es una virtud, y el Estado no debería encarcelarlo por ello. Sin embargo, ese mismo derecho no obliga a la sociedad ni a la academia a otorgar a tales despropósitos un lugar en la mesa de la racionalidad. Al confundir el respeto a la persona con el respeto a su opinión, estamos desarmando nuestra capacidad de juicio y entregando las llaves del bien común a la arbitrariedad más absoluta.